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| En pleno Santuario descansan los dos policías asesinados cobardemente en el desalojo. Foto: Enrique Angulo Pratolongo |
Para
poner punto final a estos tres artículos sobre lo sucedido en el Santuario
Histórico Bosque de Pómac (SHBP), es necesario conocer algo más sobre los
antecedentes y sobre lo que se sabía de los invasores. De esta manera, veremos
qué tanto se asemeja lo sucedido en el Santuario con lo que está pasando en los
últimos años en el Perú. Invadir terrenos ajenos se ha vuelto una práctica
común que debe ser sancionada con todo el rigor de la ley. Se trata de respetar,
simplemente de eso. Por eso, lo sucedido en Pómac nos debe dejar algunas
lecciones. Sí, claro, están los Derechos Humanos, pero estos deberían estar
omnipresentes y limitar las acciones de todas las partes por igual. Valen para
todos. No por eso vamos a mandar a policías sin armas y vamos a tolerar que
unos delincuentes metan bala y piedras impunemente. En mi opinión, necesitamos
inteligencia, testículos y mano fuerte. Como comentó César Hildebrandt en esos
días, “no podemos ser un Estado en el que se vulneren los derechos
fundamentales de los demás, pero tampoco, en nombre del paternalismo, dejar que
los califatos y el desorden cunda en el país”. Finalmente, vale la pena incluir
una pequeña lista de algunos de los actores que estuvieron metidos de pie a
cabeza en toda este proceso que marcó un precedente importante en la historia
del país.
Sobre el desalojo final del SHBP se habló
mucho en su momento y por supuesto hubo una serie de opiniones a favor y en
contra de la intervención realizada. Si entramos a analizar profundamente todos
los detalles de este suceso, no acabaríamos nunca. En ese sentido, veamos
algunas aristas de lo sucedido. Y es que en el Perú existen invasiones por
doquier y en todos los niveles socioeconómicos. Somos expertos en (por lo menos
intentar) sentarnos en los demás y en querer sacarle la vuelta a la ley. El
respeto por el otro es algo que a veces parece muy lejano e innecesario.
Dicho esto, me preocupa que estemos (casi
todos) tan encrespados y que ello conlleve a que reaccionemos violentamente
frente a cualquier “chispa” en el camino. Siento que estamos construyendo el
futuro de esta tierra a puros empujones, atropellos, indiferencia,
fundamentalismos y polarizaciones ideológicas e infestados de corrupción y
vandalismo político. Lo sucedido en Pómac es solo una pincelada en este gran
mural multicolor, diverso y violento
llamado Perú. Esperemos que lo que aún estemos por pintar sea algo agradable a
los ojos y que no sea un esperpento del que sintamos vergüenza.
Así, para continuar con este hecho, recordemos
que los invasores del SHBP se asentaron desde principios de este siglo en
terrenos protegidos por el Estado sin importarles que se trataba de un lugar
con una alta diversidad biológica y cultural. Por ende, en el 2003, las
autoridades competentes iniciaron los tramites para su desalojo, el cual debió
suceder en el 2008, pero las condiciones no se dieron para su ejecución. Veamos
algo más al respecto.
Falta
de garantías
Uno de los reportes a cargo de la defensa del
patrimonio del SHBP indicaba que la Jueza del Juzgado Civil de Ferreñafe le
exhortó a los invasores a que desalojen el Santuario el 19 de febrero de 2008.
No obstante, pese a las notificaciones, a la emisión de mensajes radiales y a
la publicación de edictos en los diarios oficiales, los invasores se rehusaron
a irse de manera pacífica. Posteriormente, la Jueza a cargo de la diligencia
del desalojo señaló como siguiente fecha el 13 de mayo de 2008. Sin embargo,
dado que para esas fechas se celebraba en Lima la V Cumbre de América Latina,
el Caribe y la Unión Europea (ALCUE), las fuerzas del orden se encontraban en
estado de alerta frente a este hecho por lo que no se podía contar con las
garantías necesarias; y así, la diligencia fue suspendida. Lo mismo habría
sucedido en noviembre de ese año con la realización del Foro de Cooperación Económica
Asia – Pacífico (APEC). ¡Exacto! Ambas reuniones eran en Lima, pero así es
nuestro país de centralista y de poco oragnizado.
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| Cambio radical del uso del suelo en el SHBP. Foto: Enrique Angulo Pratolongo |
Acto seguido, se tomó nota que frente a estos
hechos, los invasores —coludidos con los representantes de la Coordinadora
Nacional de las Rondas Campesinas— estuvieron coaccionando a las autoridades
del Gobierno y del en ese entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales
(INRENA) para que no se realice el desalojo final. Y no solo eso. Se llegó a
saber que los invasores se reunieron con otros invasores, en este caso con
aquellos que ocuparon ilegalmente parte de la Empresa Agroindustrial Pucalá. El
fin era claro: resistir con violencia el accionar de los jueces, fiscales y de
la Policía Nacional del Perú (PNP). En este caso, la unión (de los invasores)
hace la fuerza contra los “malos” de la película.
Una muestra de lo anterior, fue el hecho de
que conocidos traficantes de tierras de la zona, en colusión con los invasores
del Santuario, pretendieron dos veces (en marzo y abril de 2008) invadir el
sector Salinas del SHBP utilizando armas de fuego y municiones de guerra.
Producto de lo anterior, las autoridades policiales de Chiclayo y Ferreñafe
elaboraron un informe de riesgo en relación a las garantías policiales
relacionadas al desalojo. En él se indicaba que, entre otros, los invasores
daban la impresión de ser de escasos recursos económicos y que ante cualquier
intento de desalojo no dudarían en usar la violencia, armas de fuego y
explosivos.
Asimismo, el informe mencionaba también que
los invasores y los traficantes de tierras, en colusión con sus “aliados”,
contaban con un buen nivel de organización por lo que estaban en la capacidad
de bloquear y minar carreteras, realizar voladuras de puentes, obstruir rutas
alternas, ocasionar incendios forestales e incluso de utilizar niños y ancianos
como “escudos” humanos. A ello, se le debe sumar la presencia comprobada de
delincuentes comunes e incluso de presuntos terroristas (esto es debatible) que
se camuflaban y eran cobijados por los invasores. Por todo lo anterior, el
Juzgado a cargo del proceso le solicitó al Director General de la PNP un
contingente de 1500 policías para la nueva fecha propuesta a partir del 08 de
julio de 2008.
Pese a los reiterados pedidos de garantías
policiales hechos por los encargados del INRENA y del SHBP a las autoridades
competentes, no se obtuvo una respuesta concreta en el supuesto entendido de
que el país tenía otros problemas más graves que atender. Adicionalmente, la
Jueza del Juzgado Civil a cargo le ordenó al Director de la Dirección Regional
de Educación y a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ferreñafe la
reubicación del Colegio La Palería Nº 11580 construido ¡en pleno Santuario! Y
como se sabe, esto nunca se dio. Así, en medio del desalojo, lo que se pudo
rescatar del mencionado centro educativo (mobiliario) fue reubicado en la I.E.
Nº 10254 del caserío Santa Clara y en otros centros educativos de la zona. Lo
mismo sucedió con los alumnos y los docentes.
De esta manera, pese a que los invasores
sabían que estaban dentro de un área natural protegida construyeron la escuela
de material rústico y lograron (¿cómo?, ¿coima?) que la Dirección Regional de
Educación les autorizara dicho cometido en el 2005, pese a que algunos
profesores ya habían alertado a sus superiores de la irregularidad. Además, los
invasores apelaron para que el desalojo no se realizara en pleno año lectivo
utilizando diversos artilugios legales. No obstante, la Jueza declaró
improcedente dicho argumento afirmando que los lanzamientos (desalojos) se
deberían realizar al final de los años lectivos cuando se trataba de inmuebles
arrendados a centros educativos estatales.
Mientras que en el caso del Santuario, la
materia del litigio es un área que forma parte del patrimonio de la Nación, el
cual es de dominio público, de carácter inalienable e imprescriptible. Por
ende, se dictaminó también que el mandato judicial de desalojo es de carácter
vinculante y de obligatorio cumplimiento; y que su ejecución no debería
retardarse pues existía responsabilidad civil, penal y administrativa.
Por otro lado, al enterarse los invasores de
las fechas planeadas para el desalojo en abril de 2008, estos empezaron a tomar
control de los lugares de acceso al Santuario portando armas de fuego. Para
ello tuvieron el apoyo reconocido de ronderos provenientes de Piura, con el fin
de controlar el acceso a la zona invadida, permitiendo exclusivamente el ingreso
(¡previa revisión del DNI!) a los invasores. Incluso, se llegó a amenazar de
muerte a los que querían ingresar y no eran de la zona, cuando el SHBP es de
todas y todos los peruanos. A todo ello, se registró también el ingreso de
camiones con alimentos y de personas con antecedentes penales y requisitoriadas
por delitos graves.
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| Los invasores habían construido hasta reservorios de agua en pleno Santuario | . |
En ese sentido, se tenía al frente a un grupo
humano bastante violento que había sembrado el terror en Batangrande. Una
muestra de ello fue el asesinato de un adolescente —el 10 de abril de 2008— por
el solo hecho de haber querido transitar por los terrenos invadidos. Para las
autoridades, las invasiones habrían sido realizadas con la autoría intelectual
de personas de gran poder económico y de influencia. Se logró saber incluso que
muchos de los invasores habrían sido comerciantes del Mercado Mayorista de
Mochoqueque en Chiclayo que tenían extensos terrenos sembrados en el Santuario.
Tal poder económico les habría permitido poder financiar la presencia de cerca
de 500 ronderos de la Base Ronderil de Piura.
Recordemos que finalmente, el Ministro del
Interior de ese entonces —Remigio Hernani— precisó que los homicidas eran
francotiradores ocultos entre los algarrobos del bosque, quienes abrieron fuego
contra los policías y que se detuvo a 22 personas que fueron investigadas por
la División Contra el Terrorismo (Dircote) y por la División de Investigación
Criminal (Dirincri). Posteriormente, la justicia determinó que Wilder Delgado Toro debía purgar 12 años de
cárcel tras ser hallado culpable del delito de homicidio calificado de
los efectivos policiales. Asimismo, los
comuneros Misael Torres Ochoa, Adán Acuña Vásquez y Noé Mendoza Altamirano
recibieron una condena de seis años de prisión efectiva en el penal de
Chiclayo.
Personas
claves
Y pese a que existiría alguna resistencia en
la gestión actual del Santuario por reconocer la gran labor realizada por aquellos
peruanos y peruanas que apostaron por una recuperación pacífica del SHBP, vale
la pena incluir una pequeña lista nominal como pequeño homenaje. Esta es una
manera de darles las gracias y de que otros compatriotas sepan quiénes se
fajaron por el país (pido perdón por adelantado si me olvido de alguien). Como
suele suceder en estas tierras, somos desagradecidos y entre nosotros nos ponemos
cabe sacando a relucir esa capacidad tan peruana de no reconocer lo hecho por
los que nos anteceden (cuando es algo bueno, por supuesto) y de querer cambiar casi
todo porque “yo no lo hice”. Espero que eso no esté sucediendo en el Santuario.
Entonces, va la mencionada lista con los
nombres (en orden aleatorio) de los que lucharon por la integridad del
Santuario. Gracias a Vicente Córtez, Segundo Román, Antonio Brack, Patricia
Medina, Anibal Calderón, Dante Alemán, Favio Ríos, Leonidas Suasnabar, Odile
Sánchez, Martín Alcalde, Fernando Angulo, Fabiola Riva, Nery Saldarriaga, Juan
Sandoval, Camila Germaná, Henry Carhuatocto, Manuel Castañeda, Elvira Rojas,
Jesús Antonio Sono, Carlos Elera, José Ubaldo, Ismael Burga, Willy Díaz, Mari
Carmen Vargas, Antonio Ríos, Gonzalo Romero, Elmer Rojas, José Castillo, Carlos
Mendoza, Mariela Céspedes, Luis Alfaro, Jonás Soria, Rosa Saavedra, Dina Aquino,
Alberto Cisneros, Luis Castañeda Ponce, Leoncio Navarrete, William Zeña,
Edilberto Montalván, Alejandro Benites, Pedro Coronado, Mauro Vidaurre, Ramón
Paredes, Leonor Benites, José Lluncor, Wilmer Guevara, Elio Vásquez, Edwin
Sánchez, así como a todos los Guardaparques oficiales y voluntarios del SHBP, a
los miembros del Comité de Gestión; y a todas y todos los que también tuvieron
que ver con este suceso fundamental para entender parte la historia ambiental y
jurídica del país. Y por supuesto el reconocimiento merecido a los dos policías
caídos y a sus familias.
Ahora que llego al final, me parece que tal
vez debí iniciar los tres textos con esta lista, pues creo que finalmente,
todas estas líneas han sido un pretexto para este pequeño reconocimiento.
Mayo 2015
Artículo publicado en la versión online de la Revista Rumbos:
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