viernes, 29 de mayo de 2015

PERÚ: PAÍS DE INVASIONES Y DESALOJOS (III)


En pleno Santuario descansan los dos policías asesinados cobardemente en el desalojo. Foto: Enrique Angulo Pratolongo
Para poner punto final a estos tres artículos sobre lo sucedido en el Santuario Histórico Bosque de Pómac (SHBP), es necesario conocer algo más sobre los antecedentes y sobre lo que se sabía de los invasores. De esta manera, veremos qué tanto se asemeja lo sucedido en el Santuario con lo que está pasando en los últimos años en el Perú. Invadir terrenos ajenos se ha vuelto una práctica común que debe ser sancionada con todo el rigor de la ley. Se trata de respetar, simplemente de eso. Por eso, lo sucedido en Pómac nos debe dejar algunas lecciones. Sí, claro, están los Derechos Humanos, pero estos deberían estar omnipresentes y limitar las acciones de todas las partes por igual. Valen para todos. No por eso vamos a mandar a policías sin armas y vamos a tolerar que unos delincuentes metan bala y piedras impunemente. En mi opinión, necesitamos inteligencia, testículos y mano fuerte. Como comentó César Hildebrandt en esos días, “no podemos ser un Estado en el que se vulneren los derechos fundamentales de los demás, pero tampoco, en nombre del paternalismo, dejar que los califatos y el desorden cunda en el país”. Finalmente, vale la pena incluir una pequeña lista de algunos de los actores que estuvieron metidos de pie a cabeza en toda este proceso que marcó un precedente importante en la historia del país. 


Sobre el desalojo final del SHBP se habló mucho en su momento y por supuesto hubo una serie de opiniones a favor y en contra de la intervención realizada. Si entramos a analizar profundamente todos los detalles de este suceso, no acabaríamos nunca. En ese sentido, veamos algunas aristas de lo sucedido. Y es que en el Perú existen invasiones por doquier y en todos los niveles socioeconómicos. Somos expertos en (por lo menos intentar) sentarnos en los demás y en querer sacarle la vuelta a la ley. El respeto por el otro es algo que a veces parece muy lejano e innecesario.

Dicho esto, me preocupa que estemos (casi todos) tan encrespados y que ello conlleve a que reaccionemos violentamente frente a cualquier “chispa” en el camino. Siento que estamos construyendo el futuro de esta tierra a puros empujones, atropellos, indiferencia, fundamentalismos y polarizaciones ideológicas e infestados de corrupción y vandalismo político. Lo sucedido en Pómac es solo una pincelada en este gran mural multicolor,  diverso y violento llamado Perú. Esperemos que lo que aún estemos por pintar sea algo agradable a los ojos y que no sea un esperpento del que sintamos vergüenza.

Así, para continuar con este hecho, recordemos que los invasores del SHBP se asentaron desde principios de este siglo en terrenos protegidos por el Estado sin importarles que se trataba de un lugar con una alta diversidad biológica y cultural. Por ende, en el 2003, las autoridades competentes iniciaron los tramites para su desalojo, el cual debió suceder en el 2008, pero las condiciones no se dieron para su ejecución. Veamos algo más al respecto.

Falta de garantías

Uno de los reportes a cargo de la defensa del patrimonio del SHBP indicaba que la Jueza del Juzgado Civil de Ferreñafe le exhortó a los invasores a que desalojen el Santuario el 19 de febrero de 2008. No obstante, pese a las notificaciones, a la emisión de mensajes radiales y a la publicación de edictos en los diarios oficiales, los invasores se rehusaron a irse de manera pacífica. Posteriormente, la Jueza a cargo de la diligencia del desalojo señaló como siguiente fecha el 13 de mayo de 2008. Sin embargo, dado que para esas fechas se celebraba en Lima la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE), las fuerzas del orden se encontraban en estado de alerta frente a este hecho por lo que no se podía contar con las garantías necesarias; y así, la diligencia fue suspendida. Lo mismo habría sucedido en noviembre de ese año con la realización del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC). ¡Exacto! Ambas reuniones eran en Lima, pero así es nuestro país de centralista y de poco oragnizado.
Cambio radical del uso del suelo en el SHBP. Foto: Enrique Angulo Pratolongo

Acto seguido, se tomó nota que frente a estos hechos, los invasores —coludidos con los representantes de la Coordinadora Nacional de las Rondas Campesinas— estuvieron coaccionando a las autoridades del Gobierno y del en ese entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) para que no se realice el desalojo final. Y no solo eso. Se llegó a saber que los invasores se reunieron con otros invasores, en este caso con aquellos que ocuparon ilegalmente parte de la Empresa Agroindustrial Pucalá. El fin era claro: resistir con violencia el accionar de los jueces, fiscales y de la Policía Nacional del Perú (PNP). En este caso, la unión (de los invasores) hace la fuerza contra los “malos” de la película. 

Una muestra de lo anterior, fue el hecho de que conocidos traficantes de tierras de la zona, en colusión con los invasores del Santuario, pretendieron dos veces (en marzo y abril de 2008) invadir el sector Salinas del SHBP utilizando armas de fuego y municiones de guerra. Producto de lo anterior, las autoridades policiales de Chiclayo y Ferreñafe elaboraron un informe de riesgo en relación a las garantías policiales relacionadas al desalojo. En él se indicaba que, entre otros, los invasores daban la impresión de ser de escasos recursos económicos y que ante cualquier intento de desalojo no dudarían en usar la violencia, armas de fuego y explosivos.

Asimismo, el informe mencionaba también que los invasores y los traficantes de tierras, en colusión con sus “aliados”, contaban con un buen nivel de organización por lo que estaban en la capacidad de bloquear y minar carreteras, realizar voladuras de puentes, obstruir rutas alternas, ocasionar incendios forestales e incluso de utilizar niños y ancianos como “escudos” humanos. A ello, se le debe sumar la presencia comprobada de delincuentes comunes e incluso de presuntos terroristas (esto es debatible) que se camuflaban y eran cobijados por los invasores. Por todo lo anterior, el Juzgado a cargo del proceso le solicitó al Director General de la PNP un contingente de 1500 policías para la nueva fecha propuesta a partir del 08 de julio de 2008.

Pese a los reiterados pedidos de garantías policiales hechos por los encargados del INRENA y del SHBP a las autoridades competentes, no se obtuvo una respuesta concreta en el supuesto entendido de que el país tenía otros problemas más graves que atender. Adicionalmente, la Jueza del Juzgado Civil a cargo le ordenó al Director de la Dirección Regional de Educación y a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ferreñafe la reubicación del Colegio La Palería Nº 11580 construido ¡en pleno Santuario! Y como se sabe, esto nunca se dio. Así, en medio del desalojo, lo que se pudo rescatar del mencionado centro educativo (mobiliario) fue reubicado en la I.E. Nº 10254 del caserío Santa Clara y en otros centros educativos de la zona. Lo mismo sucedió con los alumnos y los docentes.

De esta manera, pese a que los invasores sabían que estaban dentro de un área natural protegida construyeron la escuela de material rústico y lograron (¿cómo?, ¿coima?) que la Dirección Regional de Educación les autorizara dicho cometido en el 2005, pese a que algunos profesores ya habían alertado a sus superiores de la irregularidad. Además, los invasores apelaron para que el desalojo no se realizara en pleno año lectivo utilizando diversos artilugios legales. No obstante, la Jueza declaró improcedente dicho argumento afirmando que los lanzamientos (desalojos) se deberían realizar al final de los años lectivos cuando se trataba de inmuebles arrendados a centros educativos estatales.

Mientras que en el caso del Santuario, la materia del litigio es un área que forma parte del patrimonio de la Nación, el cual es de dominio público, de carácter inalienable e imprescriptible. Por ende, se dictaminó también que el mandato judicial de desalojo es de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento; y que su ejecución no debería retardarse pues existía responsabilidad civil, penal y administrativa.

Por otro lado, al enterarse los invasores de las fechas planeadas para el desalojo en abril de 2008, estos empezaron a tomar control de los lugares de acceso al Santuario portando armas de fuego. Para ello tuvieron el apoyo reconocido de ronderos provenientes de Piura, con el fin de controlar el acceso a la zona invadida, permitiendo exclusivamente el ingreso (¡previa revisión del DNI!) a los invasores. Incluso, se llegó a amenazar de muerte a los que querían ingresar y no eran de la zona, cuando el SHBP es de todas y todos los peruanos. A todo ello, se registró también el ingreso de camiones con alimentos y de personas con antecedentes penales y requisitoriadas por delitos graves.

   Los invasores habían construido hasta reservorios de agua en pleno Santuario.
En ese sentido, se tenía al frente a un grupo humano bastante violento que había sembrado el terror en Batangrande. Una muestra de ello fue el asesinato de un adolescente —el 10 de abril de 2008— por el solo hecho de haber querido transitar por los terrenos invadidos. Para las autoridades, las invasiones habrían sido realizadas con la autoría intelectual de personas de gran poder económico y de influencia. Se logró saber incluso que muchos de los invasores habrían sido comerciantes del Mercado Mayorista de Mochoqueque en Chiclayo que tenían extensos terrenos sembrados en el Santuario. Tal poder económico les habría permitido poder financiar la presencia de cerca de 500 ronderos de la Base Ronderil de Piura.

Recordemos que finalmente, el Ministro del Interior de ese entonces —Remigio Hernani— precisó que los homicidas eran francotiradores ocultos entre los algarrobos del bosque, quienes abrieron fuego contra los policías y que se detuvo a 22 personas que fueron investigadas por la División Contra el Terrorismo (Dircote) y por la División de Investigación Criminal (Dirincri). Posteriormente, la justicia determinó que Wilder Delgado Toro debía purgar 12 años de cárcel tras ser hallado culpable del delito de homicidio calificado de los efectivos policiales. Asimismo, los comuneros Misael Torres Ochoa, Adán Acuña Vásquez y Noé Mendoza Altamirano recibieron una condena de seis años de prisión efectiva en el penal de Chiclayo.

Personas claves

Y pese a que existiría alguna resistencia en la gestión actual del Santuario por reconocer la gran labor realizada por aquellos peruanos y peruanas que apostaron por una recuperación pacífica del SHBP, vale la pena incluir una pequeña lista nominal como pequeño homenaje. Esta es una manera de darles las gracias y de que otros compatriotas sepan quiénes se fajaron por el país (pido perdón por adelantado si me olvido de alguien). Como suele suceder en estas tierras, somos desagradecidos y entre nosotros nos ponemos cabe sacando a relucir esa capacidad tan peruana de no reconocer lo hecho por los que nos anteceden (cuando es algo bueno, por supuesto) y de querer cambiar casi todo porque “yo no lo hice”. Espero que eso no esté sucediendo en el Santuario.

Entonces, va la mencionada lista con los nombres (en orden aleatorio) de los que lucharon por la integridad del Santuario. Gracias a Vicente Córtez, Segundo Román, Antonio Brack, Patricia Medina, Anibal Calderón, Dante Alemán, Favio Ríos, Leonidas Suasnabar, Odile Sánchez, Martín Alcalde, Fernando Angulo, Fabiola Riva, Nery Saldarriaga, Juan Sandoval, Camila Germaná, Henry Carhuatocto, Manuel Castañeda, Elvira Rojas, Jesús Antonio Sono, Carlos Elera, José Ubaldo, Ismael Burga, Willy Díaz, Mari Carmen Vargas, Antonio Ríos, Gonzalo Romero, Elmer Rojas, José Castillo, Carlos Mendoza, Mariela Céspedes, Luis Alfaro, Jonás Soria, Rosa Saavedra, Dina Aquino, Alberto Cisneros, Luis Castañeda Ponce, Leoncio Navarrete, William Zeña, Edilberto Montalván, Alejandro Benites, Pedro Coronado, Mauro Vidaurre, Ramón Paredes, Leonor Benites, José Lluncor, Wilmer Guevara, Elio Vásquez, Edwin Sánchez, así como a todos los Guardaparques oficiales y voluntarios del SHBP, a los miembros del Comité de Gestión; y a todas y todos los que también tuvieron que ver con este suceso fundamental para entender parte la historia ambiental y jurídica del país. Y por supuesto el reconocimiento merecido a los dos policías caídos y a sus familias.

Ahora que llego al final, me parece que tal vez debí iniciar los tres textos con esta lista, pues creo que finalmente, todas estas líneas han sido un pretexto para este pequeño reconocimiento.

Mayo 2015

Artículo publicado en la versión online de la Revista Rumbos:

miércoles, 20 de mayo de 2015

PERÚ: PAÍS DE INVASIONES Y DESALOJOS (II)


Áreas deforestadas convertidas en terrenos de cultivos y construcciones
en pleno Santuario (julio 2006). Foto: Enrique Angulo Pratolongo.

Continuando con la entrega anterior, veamos cómo es que se realizó el desalojo final de los invasores en el Santuario Histórico Bosque de Pómac (SHBP) en enero de 2009, sin perder de vista el rol de la Coordinadora Nacional de Rondas Campesinas que andaría pululando por ahí ofreciendo su “apoyo desinteresado”. Además, es pertinente recordar la gran labor del ex Ministro del Ambiente, el Dr. Antonio Brack Egg y de otros actores comprometidos con este suceso histórico. Por último, veamos qué lecciones se puede sacar de lo sucedido. Y es que en nuestra porosa institucionalidad, las mafias se van introduciendo y enquistándose casi sin resistencia alguna, dejándonos un país debilitado frente al embiste de la corrupción. A ello debemos sumarle los cada vez más comunes conflictos socioambientales que también debilitan nuestra golpeada sociedad.

Estas líneas están dedicadas a la memoria de los policías caídos Carlos Alberto Peralta Padilla y Fernando Hidalgo Ibarra y del ex Ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg. 

Como se mencionó en la entrega anterior, a mediados del año 2008 se llegó al fin del proceso legal que sentenciaba el desalojo final de los invasores del Santuario. Es decir, las más de 120 familias asentadas en casi la cuarta parte del SHBP debían irse. Estas ya habían deforestado casi 600 hectáreas de las cerca de 2000 invadidas. Para llevar a cabo dicho mandato legal inapelable, la organización sin fines de lucro ProNaturaleza – Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, mediante la segunda fase del proyecto “Gestión participativa para la conservación y desarrollo sostenible del Santuario Histórico Bosque de Pómac y su Zona de Amortiguamiento (ZA)”, apoyó decididamente en tal empresa, la cual no hubiese sido posible sin el soporte de varios actores que se pusieron la camiseta, con el firme propósito de salvaguardar nuestro patrimonio natural.

Para tal fin, el equipo técnico del mencionado proyecto —en conjunción con el Comité de Gestión (CG) y la Jefatura del SHBP— formaron un equipo de trabajo que recibió el sostén de la sociedad civil y de diversas organizaciones de Lambayeque. Entre ellas figuran el Museo Nacional Sicán; el novísimo Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y por ende el recientemente creado Ministerio del Ambiente (MINAM); la Fiscalía de Ferreñafe y diversas autoridades locales incluyendo a las Rondas Campesinas de Pítipo y Ferreñafe. A esto, es imprescindible recalcar que no se puede meter en un solo saco a todas las rondas campesinas. Las hay de cal y las hay de arena. 

   Zona de Amortiguamiento del Santuario. Foto: Enrique Angulo Pratolongo
Como primera estrategia se intentó disuadir a los invasores para que desalojen el Santuario de manera pacífica, pero como sabemos esto no sucedió. Por ende, la estrategia fue reformulada y se reorientó los esfuerzos, con el propósito de sensibilizar a los invasores y al Poder Judicial sobre lo que estaba sucediendo y estaría por suceder. Adicionalmente, se puso énfasis en las acciones a tomar antes, durante y después del desalojo que hasta ese entonces era inminente.

El 12 de enero de 2009 se reunió todo el equipo técnico con los funcionarios del MINAM, del Gobierno Regional de Lambayeque, de las Direcciones Regionales Sectoriales, así como con la Jefatura de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Chiclayo y con la Jueza de turno. La suerte estaba echada, solo había que definir cómo y cuándo se iba a realizar finalmente el tan ansiado desalojo.

En la recta final

Ya para el 13 de enero se había instalado una Sala de Prensa en Chiclayo (en las instalaciones del Instituto Nacional de Cultura), la que a su vez fungió de centro de operaciones. Además, se sumaron a este esfuerzo la Asociación Cracidae Perú, la Universidad Señor de Sipán y otras asociaciones locales. A esas alturas del partido, la PNP ya tenía su propio plan de operaciones y en coordinación con el equipo técnico del proyecto, el 16 de enero de 2009 se inició la campaña de persuasión a la población ilegalmente asentada en los sectores Poma II y Paleria. Para ello, se difundió spots radiales y se arrojó, como ya se mencionó, volantes desde el aire.

Y como muestra del compromiso pacífico del proceso de desocupación del Santuario, el 19 de enero se realizó una concurrida vigilia en Chiclayo. Posteriormente, el 20 de enero llegaron a la Sala de Prensa diversos periodistas locales y nacionales a cubrir el evento, para lo cual fueron acreditados e informados sobre los hechos. De manera paralela, se formó un comité de emergencia en el cual participaron ProNaturaleza, la Asociación Cracidae Perú, la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Lambayeque, la Dirección de Turismo y Comercio Exterior, entre otros actores locales. Su principal objetivo fue el de atender los requerimientos básicos (alimentación, agua, albergue, luz y otros) del personal policial y de apoyar en la coordinación interinstitucional.

¡Manos a la obra!

El 20 de enero a las 11.00 horas se inició el proceso de desalojo desde el caserío El Progreso (ex Ojo de Toro), ubicado al norte del Santuario. Así, después de haber controlado a la turba inicial que había abandonado una barricada encendida cerca al puente Montalván, el contingente policial ingresó al sector Palería II velando siempre por la integridad de los jueces, los periodistas y de todos los involucrados. En el ínterin, la policía capturó a varias personas que promovían la violencia y lograron ubicar una casa en la cual se había almacenado cerca de 40 bombas molotov. Al llegar a Palería II se evaluó las siguientes acciones a realizar. Una de ellas fue intentar conversar por última vez con los pobladores del caserío, lo cual nunca se dio por la intransigencia que estos mostraron.

Casi la cuarta parte del Santuario estuvo invadido.
En ese momento (cerca de las 12.50 pm) se supo que el personal de la PNP tenía dos víctimas mortales: el SO2 PNP Carlos Alberto Peralta Padilla (27) y el SO3 PNP Fernando Hidalgo Ibarra (19). Si bien se discute si se cometió un error táctico al enviar personal de la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) de la PNP como parte de un contingente de avanzada que no conocía muy bien la zona, la violencia mostrada por los invasores y sus “aliados” no tiene justificación alguna.

Por otro lado, como parte del reporte de los jueces a cargo del operativo se logró saber que las casas del caserío estaban vacías, Es decir, los pobladores ya habían interiorizado y aceptado que iban a ser desalojados indefectiblemente. Además, se sacó los enseres y algunos muebles del colegio y de la iglesia para ponerlos a mejor recaudo. Acto seguido se demolió todas las construcciones del caserío. El día 21 de enero se retomó las acciones de demolición de la infraestructura y el 22 de enero se continuó con la demolición de las casas de adobe que conformaban el caserío de Palería I. Al terminar el día, la Juez a cargo intentó entregarle al Jefe del SHBP los terrenos desalojados, sin embargo, el área legal del Santuario se opuso solicitándole al presidente de la Corte Superior de Justicia que cumpla con la erradicación total de los cultivos y con el cierre de los pozos de agua en toda el área invadida.

De esta manera, del 23 al 31 de enero se georeferenció todos los pozos tubulares, mixtos y a tajo abierto, así como las áreas agrícolas instaladas en el área invadida; y de manera paralela se erradicó todos los terrenos de cultivo, se cerró los pozos y se terminó de demoler las casas con maquinaria pesada. Con ello se dio fin al tan ansiado desalojo.

Antonio Brack Egg: el intachable ministro que se metió con zapatos y todo

El en ese entonces recientemente creado MINAM no pudo tener un mejor primer encargado de esa cartera. Antonio Brack Egg marcó un camino para el futuro ambiental en el país. Los que lo conocieron saben que Brack Egg estaba totalmente comprometido con su labor. Por eso, no dudó en apoyar incondicionalmente todo el proceso del desalojo. El apoyo político en este caso fue fundamental, dado que el mandato judicial ya estaba expedito para ser cumplido y solo faltaba el apoyo desde el Gobierno central. Para ello, el primer Ministro del Ambiente jugó un rol preponderante como figura política y motivadora que “bajó al llano” para vivir de cerca todo el proceso.

Cuentan los protagonistas que en el segundo día del desalojo final (el 21 de enero) el Ministro Brack llegó a la zona con el Ministro del Interior de ese entonces para supervisar las acciones y brindar todo el apoyo necesario desde el Poder Ejecutivo. Al llegar, algunos periodistas habían azuzado a los policías para que le reclamaran al ministro (aprovechando “sus cámaras”) la entrega de agua y alimentos. Ante ello, Brack respondió que había “rancho frío” y para dar muestra de ello sacó de su bolsillo una lata de anchoveta y un paquete de galletas afirmando que siempre que iba a campo llevaba lo mismo, por lo que estaba en igual condición que todos los presentes.

Otra anécdota similar refiere a que una representante de la Cruz Roja le incriminó al Ministro Brack de que se le dé solo atún en lata a los policías y que se les debería dar mejor “rancho”. Acto seguido, el Ministro sacó su lata de atún y respondió: “no solo los policías comen atún, sino también los ministros”. Su presencia en el lugar de los hechos fue bastante motivadora para todos los involucrados e hizo que se acrecentarán las esperanzas de recuperar el Santuario. Además, sus declaraciones en la prensa permitieron que la opinión pública sepa que la posición del Gobierno era realizar el desalojo para cumplir con lo dispuesto por el Poder Judicial.

Adicionalmente, en su gestión, el MINAM dispuso la realización de medidas a favor del Santuario tras el desalojo final, tales como construir un cerco perimetral en el área recuperada y alentar el desarrollo de proyectos de reforestación a cargo de ProNaturaleza y de otras instituciones, así como de la cooperación internacional. Sin lugar a dudas, no nos queda más que reconocer el importante y consecuente rol que tuvo el Ministro Brack y elogiar su calidad humana. Estimado ministro descansa en paz y ten la plena seguridad de que los que vivimos de cerca y de no tan cerca esta experiencia sabemos que este hito histórico, del cual fuiste una figura clave, marcó un antes y un después en la historia de la conservación ambiental en el país.

Pensé acabar con esta entrega, pero no es así. Viene la última mediante la cual conoceremos algo más sobre los antecedentes del desalojo final. Además sacaremos algunas conclusiones.


Mayo 2015

Artículo publicado en la versión online de la revista Rumbos:

viernes, 8 de mayo de 2015

PERÚ: PAÍS DE INVASIONES Y DESALOJOS (I)

 
Hace ya más de seis años, el 20 de enero de 2009, se produjo el penoso y polémico desalojo de invasores en el Santuario Histórico Bosque de Pómac (SHBP). En aquella oportunidad, dos valerosos policías perdieron la vida a mano de unos delincuentes que cobardemente les dispararon, a la par que se escondían y refugiaban entre el “pobre y desesperado” tumulto. La ilegal ocupación del Santuario y la resistencia ante las fuerzas del orden tuvo entre sus filas a un protagonista: la Coordinadora Nacional de Rondas Campesinas. Este conglomerado de “comuneros” estaría “rondando” por ahí para apoyar (¿cómo? no lo sé) con la gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Personalmente, creo que es un craso error darles cabida a estos actores que se acomodan, según los tiempos y la coyuntura, a lo que les conviene. Su rol en este caso es más que revelador. He aquí una breve recopilación de los hechos para sacar conclusiones.  
  
Hace algunas semanas, precisamente el 17 de marzo de 2015, hubo un presunto conato de invasión en el SHBP. En esta oportunidad, para nuestra tranquilidad, no hubo ninguna ocupación ni invasión premeditada en el sector Paleria del Santuario. Felizmente, todo fue una falsa alarma. No obstante, el temor volvió a surgir en los alrededores de esta ANP que “sí sabe” de invasiones. Recordemos que en enero de 2009, este espacio protegido por el Estado se logró liberar y despercudir del cáncer que producen las invasiones humanas premeditadas, capitaneadas por poderosas mafias de traficantes de tierras y apoyadas por, en algunos casos, rondas campesinas.

Por ende, esta última presunta invasión, hizo que despertaran en mí los temores en torno a esta amenaza latente que se suscita permanentemente en todo el territorio nacional. Como nos consta, el Perú es un país atormentado e inundado por las invasiones de terrenos, en donde no importa si lo que se invade es propiedad privada, son restos arqueológicos, es un espacio natural protegido o es la vereda del barrio.

Y como sabemos, los invasores nunca actúan solos. De por medio están los traficantes de tierras, los matones a los que se contrata como fuerza de choque y los despistados, timados o inconsecuentes ciudadanos y ciudadanas que optan por burlarse de todo el mundo implorando comprensión y sentándose en la ley avalando esta mala práctica institucionalizada en el país. Como mencionó Mirko Lauer en su columna de opinión en La República del 22 de enero de 2009 (1), “Es público y notorio que la invasión de tierras en el Perú desde hace años ha dejado de ser un simple desborde inmobiliario de masas necesitadas, al estilo de los años 50, para convertirse en un negocio ilegal donde el uso de la fuerza contra la ley es indispensable. El servicio que presta este negocio ilegal incluye por cierto evitar que las invasiones sean desalojadas”. 

El polémico caso del desalojo de los invasores del SHBP aún no ha sido procesado correctamente en el colectivo nacional, pues este penoso incidente marcó un antecedente en lo referido a la intervención del Estado en defensa del patrimonio de todos los peruanos. Si bien este lamentable episodio parece haber sido ya olvidado y forjó toda una discusión en lo que respecta a los costos políticos y la planificación de la seguridad en el país, aún tenemos algunas lecciones que rescatar. Asimismo, es necesario resaltar el importante rol motivador y el intachable compromiso por hacer cumplir la ley que tuvo el en ese entonces Ministro del Ambiente, el recodado Dr. Antonio Brack Egg (Q.E.P.D.).

Antecedentes

El SHBP tiene una extensión de 5887,38 hectáreas y está ubicado en el distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, en el departamento de Lambayeque, a solo 32 kilómetros de Chiclayo. Fue establecido en lo que antes era la Zona Reservada de Batán Grande. Sus extensos bosques de algarrobo albergan numerosas pirámides pertenecientes a la Cultura Sicán, de donde procede el gran Señor de Sicán, descubierto en 1995. Reúne el complejo de pirámides más importante del país y el más numeroso de Sudamérica.

Adicionalmente, el Santuario protege el 0,2% del área total que abarca el Desierto Pacífico Tropical y conserva el área más representativa de la ecorregión Bosque Seco Ecuatorial. Además alberga y protege una gran variedad de fauna típica de la región de Endemismo Tumbesina, especialmente aves, de las cuales muchas son endémicas, por lo que es un punto importante para los observadores de aves y visitantes en general (2).

El SHBP es un área natural protegida de uso indirecto (3) y fue declarado como tal el 01 de junio de 2001. Y a pocos años de su declaración como tal —en el 2003— se inició un litigio legal entre los invasores del Santuario y el Ministerio de Agricultura a través del en ese entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). La batalla legal llegó a su fin en el 2008 con la sentencia final que dictaba que los invasores debían ser desalojados. Para ese entonces, en su interior ya se habían instalado en casi la cuarta parte del santuario más de 120 familias procedentes en su gran mayoría de las provincias cajamarquinas de Chota y Cutervo. Su estancia significó el terrible saldo de más de 600 hectáreas deforestadas (de las casi 2000 invadidas) para ser utilizadas en agricultura y ganadería.   

Resguardados por el paraguas de la lentitud del Estado hasta ese entonces, estos trasgresores de la ley habían construido vías de acceso, pozos de agua y hasta un colegio y una iglesia. Es decir, producto de la invasión se hizo un cambio estructural en la aptitud y uso de estos algarrobales y ni siquiera la presencia de algunas huacas Sicán hizo que los invasores respetaran los terrenos que, según ellos, habían obtenido de manera legal. Y bueno, sin lugar a dudas, los que salieron ganando en este caso (como siempre) fueron los traficantes de tierras que obtienen títulos de propiedad de manera ilegal y los venden como títulos legales a muy buen precio para luego lavarse las manos y seguir actuando de manera impune por todo el país.

El plan de contingencia
 
Con el tumor maligno dentro del Santuario, en setiembre de 2008 se inició la segunda fase del proyecto “Gestión participativa para la conservación y desarrollo sostenible del Santuario Histórico Bosque de Pómac y su Zona de Amortiguamiento (ZA)” con fondos del Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales (ACBT) y puesto en marcha por ProNaturaleza – Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, institución que ya venía trabajando en el Santuario desde el 2006. Como parte de la segunda fase del mencionado proyecto se tenía contemplado publicar y difundir el primer Plan Maestro del SHBP, fortalecer y capacitar a su Comité de Gestión (CG), así como reforzar las acciones contra las invasiones y la tala ilegal. Además, se pretendía promover iniciativas económicas sostenibles en las poblaciones asentadas en la zona de amortiguamiento, elaborar el Plan de Uso Turístico, así como planes de manejo de frutos (sapote y algarroba), entre otras acciones a favor del uso y la conservación del SHBP.

En aquellos años, pocas instituciones apostaban por el SHBP, debido a los riesgos y dificultades existentes. Ya en la primera fase del proyecto (2006 – 2008) se logró adquirir equipos para la Jefatura del Área y fortalecer la red de Guardaparques Voluntarios y de Guías Turísticos. Asimismo, se inició el proceso de elaboración del Plan Maestro. Todas estas acciones fueron decisivas para lograr el ansiado desalojo final. 

En el ínterin y como parte del proyecto, ProNaturaleza destinó recursos económicos y profesionales para apoyar en todo el proceso de desalojo. La principal dificultad que se tuvo que enfrentar fue la rotunda negativa de los invasores a desalojar pacíficamente el área invadida. Adicionalmente, se debió combatir las maniobras de desinformación que permitieron la aparición de nuevos actores en el espacio público de este proceso, como fueron los representantes de la Iglesia y de la Unidad de Gestión Educativa (UGE) de Ferreñafe, los cuales salieron a la opinión pública a defender a los invasores con argumentos poco sostenibles. De esta manera, estos actores se inmiscuyeron en las diligencias policiales y judiciales en la zona del conflicto alegando que el desalojo no era un tema prioritario.

Dicha situación obligó al CG a modificar repetidas veces sus estrategias de acción, así como a ProNaturaleza a reorientar recursos financieros del proyecto, a fin de cristalizar el desalojo final de los invasores. Una de las medidas adoptadas fue la realización de una contundente campaña de información en los medios de comunicación, con el fin de proporcionar datos reales y concretos sobre el desalojo. Se convocó a diversos eventos informativos en universidades y colegios, con el objetivo de explicar la importancia de no alargar el proceso para que no se agrave el conflicto socioambiental en la zona. Así también, se realizó una campaña informativa para sensibilizar a la Policía Nacional del Perú y al Poder Judicial sobre la necesidad imperiosa de cumplir lo más pronto posible con el desalojo.

Durante todo este proceso, ProNaturaleza y otros actores locales apoyaron decididamente al CG y a la Jefatura del SHBP. De esta manera, se logró acelerar la obtención de los requisitos legales para la ejecución del desalojo, tales como la publicación de los edictos, el envío de las notificaciones a todos los involucrados, el pago de peritos y de asesores legales, entre otras medidas. Asimismo, se tuvo que contrarrestar las “acciones organizadas” hechas por los invasores, tales como la realización de algunas conferencias de prensa, entrevistas y otras actividades destinadas a captar la atención y el respaldo de “actores locales”. Esto obligó al equipo técnico del proyecto a utilizar los mismos medios para aclarar diversas distorsiones y tergiversaciones sobre la presencia ilegal de invasores en parte del SHBP.

ProNaturaleza también colaboró en algunas acciones disuasivas de la Policía Nacional del Perú. Así por ejemplo se hicieron sobrevuelos en las zonas invadidas para dispersar desde el aire volantes instando a los invasores a abandonar pacíficamente el Santuario. Además, se contrató a un asesor legal para que apoye a la Jefatura del SHBP en el seguimiento de los 31 casos de delitos ambientales y contra los recursos naturales por los que fueron denunciados los invasores. Se hizo también el seguimiento de la demanda de interdicto para recobrar la posesión de las casi 2000 hectáreas invadidas, del proceso constitucional de Habeas Corpus interpuesto por un grupo de traficante de tierras y de los procesos penales por delitos de usurpación agravada en el sector Salinas del SHBP.

Todo lo anterior fue preparando el terreno para el desalojo final de los invasores en el Santuario. Sobre eso versará la siguiente entrega, no sin antes mencionar que uno de los actores identificados por las autoridades como opositores al cumplimiento de la ley fue la Coordinadora de Rondas Campesinas. En el ínterin, esperemos que no haya alguna invasión en el Santuario o en algún lugar del país. 
Mayo 2015

Artículo aparecido en la versión online de la Revista Rumbos:
http://www.rumbosdelperu.com/peru-pais-de-invasiones-y-desalojos-i--V2654.html



2 Para los interesados en este tema, les recomiendo revisar, bajo la etiqueta SHBP, lo escrito al respecto en mi blog Mi Tambor de Hojalata http://mitambordehojalata.blogspot.com
3 Categoría dentro del SINANPE que incluye también a los parques y santuarios nacionales. En ellas no está permitido el uso directo de los recursos naturales es decir, debe existir una intervención humana mínima, con el fin de garantizar que los procesos evolutivos y biológicos se conserven en el tiempo.