viernes, 8 de mayo de 2015

PERÚ: PAÍS DE INVASIONES Y DESALOJOS (I)

 
Hace ya más de seis años, el 20 de enero de 2009, se produjo el penoso y polémico desalojo de invasores en el Santuario Histórico Bosque de Pómac (SHBP). En aquella oportunidad, dos valerosos policías perdieron la vida a mano de unos delincuentes que cobardemente les dispararon, a la par que se escondían y refugiaban entre el “pobre y desesperado” tumulto. La ilegal ocupación del Santuario y la resistencia ante las fuerzas del orden tuvo entre sus filas a un protagonista: la Coordinadora Nacional de Rondas Campesinas. Este conglomerado de “comuneros” estaría “rondando” por ahí para apoyar (¿cómo? no lo sé) con la gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Personalmente, creo que es un craso error darles cabida a estos actores que se acomodan, según los tiempos y la coyuntura, a lo que les conviene. Su rol en este caso es más que revelador. He aquí una breve recopilación de los hechos para sacar conclusiones.  
  
Hace algunas semanas, precisamente el 17 de marzo de 2015, hubo un presunto conato de invasión en el SHBP. En esta oportunidad, para nuestra tranquilidad, no hubo ninguna ocupación ni invasión premeditada en el sector Paleria del Santuario. Felizmente, todo fue una falsa alarma. No obstante, el temor volvió a surgir en los alrededores de esta ANP que “sí sabe” de invasiones. Recordemos que en enero de 2009, este espacio protegido por el Estado se logró liberar y despercudir del cáncer que producen las invasiones humanas premeditadas, capitaneadas por poderosas mafias de traficantes de tierras y apoyadas por, en algunos casos, rondas campesinas.

Por ende, esta última presunta invasión, hizo que despertaran en mí los temores en torno a esta amenaza latente que se suscita permanentemente en todo el territorio nacional. Como nos consta, el Perú es un país atormentado e inundado por las invasiones de terrenos, en donde no importa si lo que se invade es propiedad privada, son restos arqueológicos, es un espacio natural protegido o es la vereda del barrio.

Y como sabemos, los invasores nunca actúan solos. De por medio están los traficantes de tierras, los matones a los que se contrata como fuerza de choque y los despistados, timados o inconsecuentes ciudadanos y ciudadanas que optan por burlarse de todo el mundo implorando comprensión y sentándose en la ley avalando esta mala práctica institucionalizada en el país. Como mencionó Mirko Lauer en su columna de opinión en La República del 22 de enero de 2009 (1), “Es público y notorio que la invasión de tierras en el Perú desde hace años ha dejado de ser un simple desborde inmobiliario de masas necesitadas, al estilo de los años 50, para convertirse en un negocio ilegal donde el uso de la fuerza contra la ley es indispensable. El servicio que presta este negocio ilegal incluye por cierto evitar que las invasiones sean desalojadas”. 

El polémico caso del desalojo de los invasores del SHBP aún no ha sido procesado correctamente en el colectivo nacional, pues este penoso incidente marcó un antecedente en lo referido a la intervención del Estado en defensa del patrimonio de todos los peruanos. Si bien este lamentable episodio parece haber sido ya olvidado y forjó toda una discusión en lo que respecta a los costos políticos y la planificación de la seguridad en el país, aún tenemos algunas lecciones que rescatar. Asimismo, es necesario resaltar el importante rol motivador y el intachable compromiso por hacer cumplir la ley que tuvo el en ese entonces Ministro del Ambiente, el recodado Dr. Antonio Brack Egg (Q.E.P.D.).

Antecedentes

El SHBP tiene una extensión de 5887,38 hectáreas y está ubicado en el distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, en el departamento de Lambayeque, a solo 32 kilómetros de Chiclayo. Fue establecido en lo que antes era la Zona Reservada de Batán Grande. Sus extensos bosques de algarrobo albergan numerosas pirámides pertenecientes a la Cultura Sicán, de donde procede el gran Señor de Sicán, descubierto en 1995. Reúne el complejo de pirámides más importante del país y el más numeroso de Sudamérica.

Adicionalmente, el Santuario protege el 0,2% del área total que abarca el Desierto Pacífico Tropical y conserva el área más representativa de la ecorregión Bosque Seco Ecuatorial. Además alberga y protege una gran variedad de fauna típica de la región de Endemismo Tumbesina, especialmente aves, de las cuales muchas son endémicas, por lo que es un punto importante para los observadores de aves y visitantes en general (2).

El SHBP es un área natural protegida de uso indirecto (3) y fue declarado como tal el 01 de junio de 2001. Y a pocos años de su declaración como tal —en el 2003— se inició un litigio legal entre los invasores del Santuario y el Ministerio de Agricultura a través del en ese entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). La batalla legal llegó a su fin en el 2008 con la sentencia final que dictaba que los invasores debían ser desalojados. Para ese entonces, en su interior ya se habían instalado en casi la cuarta parte del santuario más de 120 familias procedentes en su gran mayoría de las provincias cajamarquinas de Chota y Cutervo. Su estancia significó el terrible saldo de más de 600 hectáreas deforestadas (de las casi 2000 invadidas) para ser utilizadas en agricultura y ganadería.   

Resguardados por el paraguas de la lentitud del Estado hasta ese entonces, estos trasgresores de la ley habían construido vías de acceso, pozos de agua y hasta un colegio y una iglesia. Es decir, producto de la invasión se hizo un cambio estructural en la aptitud y uso de estos algarrobales y ni siquiera la presencia de algunas huacas Sicán hizo que los invasores respetaran los terrenos que, según ellos, habían obtenido de manera legal. Y bueno, sin lugar a dudas, los que salieron ganando en este caso (como siempre) fueron los traficantes de tierras que obtienen títulos de propiedad de manera ilegal y los venden como títulos legales a muy buen precio para luego lavarse las manos y seguir actuando de manera impune por todo el país.

El plan de contingencia
 
Con el tumor maligno dentro del Santuario, en setiembre de 2008 se inició la segunda fase del proyecto “Gestión participativa para la conservación y desarrollo sostenible del Santuario Histórico Bosque de Pómac y su Zona de Amortiguamiento (ZA)” con fondos del Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales (ACBT) y puesto en marcha por ProNaturaleza – Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, institución que ya venía trabajando en el Santuario desde el 2006. Como parte de la segunda fase del mencionado proyecto se tenía contemplado publicar y difundir el primer Plan Maestro del SHBP, fortalecer y capacitar a su Comité de Gestión (CG), así como reforzar las acciones contra las invasiones y la tala ilegal. Además, se pretendía promover iniciativas económicas sostenibles en las poblaciones asentadas en la zona de amortiguamiento, elaborar el Plan de Uso Turístico, así como planes de manejo de frutos (sapote y algarroba), entre otras acciones a favor del uso y la conservación del SHBP.

En aquellos años, pocas instituciones apostaban por el SHBP, debido a los riesgos y dificultades existentes. Ya en la primera fase del proyecto (2006 – 2008) se logró adquirir equipos para la Jefatura del Área y fortalecer la red de Guardaparques Voluntarios y de Guías Turísticos. Asimismo, se inició el proceso de elaboración del Plan Maestro. Todas estas acciones fueron decisivas para lograr el ansiado desalojo final. 

En el ínterin y como parte del proyecto, ProNaturaleza destinó recursos económicos y profesionales para apoyar en todo el proceso de desalojo. La principal dificultad que se tuvo que enfrentar fue la rotunda negativa de los invasores a desalojar pacíficamente el área invadida. Adicionalmente, se debió combatir las maniobras de desinformación que permitieron la aparición de nuevos actores en el espacio público de este proceso, como fueron los representantes de la Iglesia y de la Unidad de Gestión Educativa (UGE) de Ferreñafe, los cuales salieron a la opinión pública a defender a los invasores con argumentos poco sostenibles. De esta manera, estos actores se inmiscuyeron en las diligencias policiales y judiciales en la zona del conflicto alegando que el desalojo no era un tema prioritario.

Dicha situación obligó al CG a modificar repetidas veces sus estrategias de acción, así como a ProNaturaleza a reorientar recursos financieros del proyecto, a fin de cristalizar el desalojo final de los invasores. Una de las medidas adoptadas fue la realización de una contundente campaña de información en los medios de comunicación, con el fin de proporcionar datos reales y concretos sobre el desalojo. Se convocó a diversos eventos informativos en universidades y colegios, con el objetivo de explicar la importancia de no alargar el proceso para que no se agrave el conflicto socioambiental en la zona. Así también, se realizó una campaña informativa para sensibilizar a la Policía Nacional del Perú y al Poder Judicial sobre la necesidad imperiosa de cumplir lo más pronto posible con el desalojo.

Durante todo este proceso, ProNaturaleza y otros actores locales apoyaron decididamente al CG y a la Jefatura del SHBP. De esta manera, se logró acelerar la obtención de los requisitos legales para la ejecución del desalojo, tales como la publicación de los edictos, el envío de las notificaciones a todos los involucrados, el pago de peritos y de asesores legales, entre otras medidas. Asimismo, se tuvo que contrarrestar las “acciones organizadas” hechas por los invasores, tales como la realización de algunas conferencias de prensa, entrevistas y otras actividades destinadas a captar la atención y el respaldo de “actores locales”. Esto obligó al equipo técnico del proyecto a utilizar los mismos medios para aclarar diversas distorsiones y tergiversaciones sobre la presencia ilegal de invasores en parte del SHBP.

ProNaturaleza también colaboró en algunas acciones disuasivas de la Policía Nacional del Perú. Así por ejemplo se hicieron sobrevuelos en las zonas invadidas para dispersar desde el aire volantes instando a los invasores a abandonar pacíficamente el Santuario. Además, se contrató a un asesor legal para que apoye a la Jefatura del SHBP en el seguimiento de los 31 casos de delitos ambientales y contra los recursos naturales por los que fueron denunciados los invasores. Se hizo también el seguimiento de la demanda de interdicto para recobrar la posesión de las casi 2000 hectáreas invadidas, del proceso constitucional de Habeas Corpus interpuesto por un grupo de traficante de tierras y de los procesos penales por delitos de usurpación agravada en el sector Salinas del SHBP.

Todo lo anterior fue preparando el terreno para el desalojo final de los invasores en el Santuario. Sobre eso versará la siguiente entrega, no sin antes mencionar que uno de los actores identificados por las autoridades como opositores al cumplimiento de la ley fue la Coordinadora de Rondas Campesinas. En el ínterin, esperemos que no haya alguna invasión en el Santuario o en algún lugar del país. 
Mayo 2015

Artículo aparecido en la versión online de la Revista Rumbos:
http://www.rumbosdelperu.com/peru-pais-de-invasiones-y-desalojos-i--V2654.html



2 Para los interesados en este tema, les recomiendo revisar, bajo la etiqueta SHBP, lo escrito al respecto en mi blog Mi Tambor de Hojalata http://mitambordehojalata.blogspot.com
3 Categoría dentro del SINANPE que incluye también a los parques y santuarios nacionales. En ellas no está permitido el uso directo de los recursos naturales es decir, debe existir una intervención humana mínima, con el fin de garantizar que los procesos evolutivos y biológicos se conserven en el tiempo.  

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