viernes, 29 de mayo de 2015

PERÚ: PAÍS DE INVASIONES Y DESALOJOS (III)


En pleno Santuario descansan los dos policías asesinados cobardemente en el desalojo. Foto: Enrique Angulo Pratolongo
Para poner punto final a estos tres artículos sobre lo sucedido en el Santuario Histórico Bosque de Pómac (SHBP), es necesario conocer algo más sobre los antecedentes y sobre lo que se sabía de los invasores. De esta manera, veremos qué tanto se asemeja lo sucedido en el Santuario con lo que está pasando en los últimos años en el Perú. Invadir terrenos ajenos se ha vuelto una práctica común que debe ser sancionada con todo el rigor de la ley. Se trata de respetar, simplemente de eso. Por eso, lo sucedido en Pómac nos debe dejar algunas lecciones. Sí, claro, están los Derechos Humanos, pero estos deberían estar omnipresentes y limitar las acciones de todas las partes por igual. Valen para todos. No por eso vamos a mandar a policías sin armas y vamos a tolerar que unos delincuentes metan bala y piedras impunemente. En mi opinión, necesitamos inteligencia, testículos y mano fuerte. Como comentó César Hildebrandt en esos días, “no podemos ser un Estado en el que se vulneren los derechos fundamentales de los demás, pero tampoco, en nombre del paternalismo, dejar que los califatos y el desorden cunda en el país”. Finalmente, vale la pena incluir una pequeña lista de algunos de los actores que estuvieron metidos de pie a cabeza en toda este proceso que marcó un precedente importante en la historia del país. 


Sobre el desalojo final del SHBP se habló mucho en su momento y por supuesto hubo una serie de opiniones a favor y en contra de la intervención realizada. Si entramos a analizar profundamente todos los detalles de este suceso, no acabaríamos nunca. En ese sentido, veamos algunas aristas de lo sucedido. Y es que en el Perú existen invasiones por doquier y en todos los niveles socioeconómicos. Somos expertos en (por lo menos intentar) sentarnos en los demás y en querer sacarle la vuelta a la ley. El respeto por el otro es algo que a veces parece muy lejano e innecesario.

Dicho esto, me preocupa que estemos (casi todos) tan encrespados y que ello conlleve a que reaccionemos violentamente frente a cualquier “chispa” en el camino. Siento que estamos construyendo el futuro de esta tierra a puros empujones, atropellos, indiferencia, fundamentalismos y polarizaciones ideológicas e infestados de corrupción y vandalismo político. Lo sucedido en Pómac es solo una pincelada en este gran mural multicolor,  diverso y violento llamado Perú. Esperemos que lo que aún estemos por pintar sea algo agradable a los ojos y que no sea un esperpento del que sintamos vergüenza.

Así, para continuar con este hecho, recordemos que los invasores del SHBP se asentaron desde principios de este siglo en terrenos protegidos por el Estado sin importarles que se trataba de un lugar con una alta diversidad biológica y cultural. Por ende, en el 2003, las autoridades competentes iniciaron los tramites para su desalojo, el cual debió suceder en el 2008, pero las condiciones no se dieron para su ejecución. Veamos algo más al respecto.

Falta de garantías

Uno de los reportes a cargo de la defensa del patrimonio del SHBP indicaba que la Jueza del Juzgado Civil de Ferreñafe le exhortó a los invasores a que desalojen el Santuario el 19 de febrero de 2008. No obstante, pese a las notificaciones, a la emisión de mensajes radiales y a la publicación de edictos en los diarios oficiales, los invasores se rehusaron a irse de manera pacífica. Posteriormente, la Jueza a cargo de la diligencia del desalojo señaló como siguiente fecha el 13 de mayo de 2008. Sin embargo, dado que para esas fechas se celebraba en Lima la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE), las fuerzas del orden se encontraban en estado de alerta frente a este hecho por lo que no se podía contar con las garantías necesarias; y así, la diligencia fue suspendida. Lo mismo habría sucedido en noviembre de ese año con la realización del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC). ¡Exacto! Ambas reuniones eran en Lima, pero así es nuestro país de centralista y de poco oragnizado.
Cambio radical del uso del suelo en el SHBP. Foto: Enrique Angulo Pratolongo

Acto seguido, se tomó nota que frente a estos hechos, los invasores —coludidos con los representantes de la Coordinadora Nacional de las Rondas Campesinas— estuvieron coaccionando a las autoridades del Gobierno y del en ese entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) para que no se realice el desalojo final. Y no solo eso. Se llegó a saber que los invasores se reunieron con otros invasores, en este caso con aquellos que ocuparon ilegalmente parte de la Empresa Agroindustrial Pucalá. El fin era claro: resistir con violencia el accionar de los jueces, fiscales y de la Policía Nacional del Perú (PNP). En este caso, la unión (de los invasores) hace la fuerza contra los “malos” de la película. 

Una muestra de lo anterior, fue el hecho de que conocidos traficantes de tierras de la zona, en colusión con los invasores del Santuario, pretendieron dos veces (en marzo y abril de 2008) invadir el sector Salinas del SHBP utilizando armas de fuego y municiones de guerra. Producto de lo anterior, las autoridades policiales de Chiclayo y Ferreñafe elaboraron un informe de riesgo en relación a las garantías policiales relacionadas al desalojo. En él se indicaba que, entre otros, los invasores daban la impresión de ser de escasos recursos económicos y que ante cualquier intento de desalojo no dudarían en usar la violencia, armas de fuego y explosivos.

Asimismo, el informe mencionaba también que los invasores y los traficantes de tierras, en colusión con sus “aliados”, contaban con un buen nivel de organización por lo que estaban en la capacidad de bloquear y minar carreteras, realizar voladuras de puentes, obstruir rutas alternas, ocasionar incendios forestales e incluso de utilizar niños y ancianos como “escudos” humanos. A ello, se le debe sumar la presencia comprobada de delincuentes comunes e incluso de presuntos terroristas (esto es debatible) que se camuflaban y eran cobijados por los invasores. Por todo lo anterior, el Juzgado a cargo del proceso le solicitó al Director General de la PNP un contingente de 1500 policías para la nueva fecha propuesta a partir del 08 de julio de 2008.

Pese a los reiterados pedidos de garantías policiales hechos por los encargados del INRENA y del SHBP a las autoridades competentes, no se obtuvo una respuesta concreta en el supuesto entendido de que el país tenía otros problemas más graves que atender. Adicionalmente, la Jueza del Juzgado Civil a cargo le ordenó al Director de la Dirección Regional de Educación y a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ferreñafe la reubicación del Colegio La Palería Nº 11580 construido ¡en pleno Santuario! Y como se sabe, esto nunca se dio. Así, en medio del desalojo, lo que se pudo rescatar del mencionado centro educativo (mobiliario) fue reubicado en la I.E. Nº 10254 del caserío Santa Clara y en otros centros educativos de la zona. Lo mismo sucedió con los alumnos y los docentes.

De esta manera, pese a que los invasores sabían que estaban dentro de un área natural protegida construyeron la escuela de material rústico y lograron (¿cómo?, ¿coima?) que la Dirección Regional de Educación les autorizara dicho cometido en el 2005, pese a que algunos profesores ya habían alertado a sus superiores de la irregularidad. Además, los invasores apelaron para que el desalojo no se realizara en pleno año lectivo utilizando diversos artilugios legales. No obstante, la Jueza declaró improcedente dicho argumento afirmando que los lanzamientos (desalojos) se deberían realizar al final de los años lectivos cuando se trataba de inmuebles arrendados a centros educativos estatales.

Mientras que en el caso del Santuario, la materia del litigio es un área que forma parte del patrimonio de la Nación, el cual es de dominio público, de carácter inalienable e imprescriptible. Por ende, se dictaminó también que el mandato judicial de desalojo es de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento; y que su ejecución no debería retardarse pues existía responsabilidad civil, penal y administrativa.

Por otro lado, al enterarse los invasores de las fechas planeadas para el desalojo en abril de 2008, estos empezaron a tomar control de los lugares de acceso al Santuario portando armas de fuego. Para ello tuvieron el apoyo reconocido de ronderos provenientes de Piura, con el fin de controlar el acceso a la zona invadida, permitiendo exclusivamente el ingreso (¡previa revisión del DNI!) a los invasores. Incluso, se llegó a amenazar de muerte a los que querían ingresar y no eran de la zona, cuando el SHBP es de todas y todos los peruanos. A todo ello, se registró también el ingreso de camiones con alimentos y de personas con antecedentes penales y requisitoriadas por delitos graves.

   Los invasores habían construido hasta reservorios de agua en pleno Santuario.
En ese sentido, se tenía al frente a un grupo humano bastante violento que había sembrado el terror en Batangrande. Una muestra de ello fue el asesinato de un adolescente —el 10 de abril de 2008— por el solo hecho de haber querido transitar por los terrenos invadidos. Para las autoridades, las invasiones habrían sido realizadas con la autoría intelectual de personas de gran poder económico y de influencia. Se logró saber incluso que muchos de los invasores habrían sido comerciantes del Mercado Mayorista de Mochoqueque en Chiclayo que tenían extensos terrenos sembrados en el Santuario. Tal poder económico les habría permitido poder financiar la presencia de cerca de 500 ronderos de la Base Ronderil de Piura.

Recordemos que finalmente, el Ministro del Interior de ese entonces —Remigio Hernani— precisó que los homicidas eran francotiradores ocultos entre los algarrobos del bosque, quienes abrieron fuego contra los policías y que se detuvo a 22 personas que fueron investigadas por la División Contra el Terrorismo (Dircote) y por la División de Investigación Criminal (Dirincri). Posteriormente, la justicia determinó que Wilder Delgado Toro debía purgar 12 años de cárcel tras ser hallado culpable del delito de homicidio calificado de los efectivos policiales. Asimismo, los comuneros Misael Torres Ochoa, Adán Acuña Vásquez y Noé Mendoza Altamirano recibieron una condena de seis años de prisión efectiva en el penal de Chiclayo.

Personas claves

Y pese a que existiría alguna resistencia en la gestión actual del Santuario por reconocer la gran labor realizada por aquellos peruanos y peruanas que apostaron por una recuperación pacífica del SHBP, vale la pena incluir una pequeña lista nominal como pequeño homenaje. Esta es una manera de darles las gracias y de que otros compatriotas sepan quiénes se fajaron por el país (pido perdón por adelantado si me olvido de alguien). Como suele suceder en estas tierras, somos desagradecidos y entre nosotros nos ponemos cabe sacando a relucir esa capacidad tan peruana de no reconocer lo hecho por los que nos anteceden (cuando es algo bueno, por supuesto) y de querer cambiar casi todo porque “yo no lo hice”. Espero que eso no esté sucediendo en el Santuario.

Entonces, va la mencionada lista con los nombres (en orden aleatorio) de los que lucharon por la integridad del Santuario. Gracias a Vicente Córtez, Segundo Román, Antonio Brack, Patricia Medina, Anibal Calderón, Dante Alemán, Favio Ríos, Leonidas Suasnabar, Odile Sánchez, Martín Alcalde, Fernando Angulo, Fabiola Riva, Nery Saldarriaga, Juan Sandoval, Camila Germaná, Henry Carhuatocto, Manuel Castañeda, Elvira Rojas, Jesús Antonio Sono, Carlos Elera, José Ubaldo, Ismael Burga, Willy Díaz, Mari Carmen Vargas, Antonio Ríos, Gonzalo Romero, Elmer Rojas, José Castillo, Carlos Mendoza, Mariela Céspedes, Luis Alfaro, Jonás Soria, Rosa Saavedra, Dina Aquino, Alberto Cisneros, Luis Castañeda Ponce, Leoncio Navarrete, William Zeña, Edilberto Montalván, Alejandro Benites, Pedro Coronado, Mauro Vidaurre, Ramón Paredes, Leonor Benites, José Lluncor, Wilmer Guevara, Elio Vásquez, Edwin Sánchez, así como a todos los Guardaparques oficiales y voluntarios del SHBP, a los miembros del Comité de Gestión; y a todas y todos los que también tuvieron que ver con este suceso fundamental para entender parte la historia ambiental y jurídica del país. Y por supuesto el reconocimiento merecido a los dos policías caídos y a sus familias.

Ahora que llego al final, me parece que tal vez debí iniciar los tres textos con esta lista, pues creo que finalmente, todas estas líneas han sido un pretexto para este pequeño reconocimiento.

Mayo 2015

Artículo publicado en la versión online de la Revista Rumbos:

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