Hace
ya más de seis años, el 20 de enero de 2009, se produjo el penoso y polémico desalojo
de invasores en el Santuario Histórico Bosque de Pómac (SHBP). En aquella
oportunidad, dos valerosos policías perdieron la vida a mano de unos
delincuentes que cobardemente les dispararon, a la par que se escondían y
refugiaban entre el “pobre y desesperado” tumulto. La ilegal ocupación del Santuario
y la resistencia ante las fuerzas del orden tuvo entre sus filas a un protagonista:
la Coordinadora Nacional de Rondas Campesinas. Este conglomerado de “comuneros”
estaría “rondando” por ahí para apoyar (¿cómo? no lo sé) con la gestión de las
Áreas Naturales Protegidas (ANP). Personalmente, creo que es un craso error darles
cabida a estos actores que se acomodan, según los tiempos y la coyuntura, a lo
que les conviene. Su rol en este caso es más que revelador. He aquí una breve
recopilación de los hechos para sacar conclusiones.
Hace algunas semanas, precisamente el 17 de
marzo de 2015, hubo un presunto conato de invasión en el SHBP. En esta
oportunidad, para nuestra tranquilidad, no hubo ninguna ocupación ni invasión
premeditada en el sector Paleria del Santuario. Felizmente, todo fue una falsa
alarma. No obstante, el temor volvió a surgir en los alrededores de esta ANP que
“sí sabe” de invasiones. Recordemos que en enero de 2009, este espacio
protegido por el Estado se logró liberar y despercudir del cáncer que producen las
invasiones humanas premeditadas, capitaneadas por poderosas mafias de
traficantes de tierras y apoyadas por, en algunos casos, rondas campesinas.
Por ende, esta última presunta invasión, hizo que
despertaran en mí los temores en torno a esta amenaza latente que se suscita
permanentemente en todo el territorio nacional. Como nos consta, el Perú es un
país atormentado e inundado por las invasiones de terrenos, en donde no importa
si lo que se invade es propiedad privada, son restos arqueológicos, es un espacio
natural protegido o es la vereda del barrio.
Y como sabemos, los invasores nunca actúan
solos. De por medio están los traficantes de tierras, los matones a los que se
contrata como fuerza de choque y los despistados, timados o inconsecuentes
ciudadanos y ciudadanas que optan por burlarse de todo el mundo implorando
comprensión y sentándose en la ley avalando esta mala práctica
institucionalizada en el país. Como mencionó Mirko Lauer en su columna de
opinión en La República del 22 de enero de 2009 (1), “Es
público y notorio que la invasión de tierras en el Perú desde hace
años ha dejado de ser un simple desborde inmobiliario de masas necesitadas, al
estilo de los años 50, para convertirse en un negocio ilegal donde el uso de la
fuerza contra la ley es indispensable. El servicio que presta este negocio
ilegal incluye por cierto evitar que las invasiones sean desalojadas”.
El polémico caso del desalojo de los invasores
del SHBP aún no ha sido procesado correctamente en el colectivo nacional, pues
este penoso incidente marcó un antecedente en lo referido a la intervención del
Estado en defensa del patrimonio de todos los peruanos. Si bien este lamentable
episodio parece haber sido ya olvidado y forjó toda una discusión en lo que
respecta a los costos políticos y la planificación de la seguridad en el país,
aún tenemos algunas lecciones que rescatar. Asimismo, es necesario resaltar el
importante rol motivador y el intachable compromiso por hacer cumplir la ley que
tuvo el en ese entonces Ministro del Ambiente, el recodado Dr. Antonio Brack
Egg (Q.E.P.D.).
Antecedentes
El SHBP tiene una extensión de 5887,38 hectáreas
y está ubicado en el distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, en el
departamento de Lambayeque, a solo 32 kilómetros de Chiclayo. Fue establecido
en lo que antes era la Zona Reservada de Batán Grande. Sus extensos bosques de
algarrobo albergan numerosas pirámides pertenecientes a la Cultura Sicán, de
donde procede el gran Señor de Sicán, descubierto en 1995. Reúne el complejo de
pirámides más importante del país y el más numeroso de Sudamérica.
Adicionalmente, el Santuario protege el 0,2%
del área total que abarca el Desierto Pacífico Tropical y conserva el área más
representativa de la ecorregión Bosque Seco Ecuatorial. Además alberga y
protege una gran variedad de fauna típica de la región de Endemismo Tumbesina, especialmente
aves, de las cuales muchas son endémicas, por lo que es un punto importante
para los observadores de aves y visitantes en general (2).
El
SHBP es un área natural protegida de uso indirecto (3) y fue
declarado como tal el 01 de junio de 2001. Y a pocos años de su declaración
como tal —en el 2003— se inició un litigio legal entre los invasores del Santuario
y el Ministerio de Agricultura a través del en ese entonces Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA). La batalla legal llegó a su fin en el 2008 con
la sentencia final que dictaba que los invasores debían ser desalojados. Para
ese entonces, en su interior ya se habían instalado en casi la cuarta parte del
santuario más de 120 familias procedentes en su gran mayoría de las provincias
cajamarquinas de Chota y Cutervo. Su estancia significó el terrible saldo de más
de 600 hectáreas deforestadas (de las casi 2000 invadidas) para ser utilizadas
en agricultura y ganadería.
Resguardados
por el paraguas de la lentitud del Estado hasta ese entonces, estos trasgresores
de la ley habían construido vías de acceso, pozos de agua y hasta un colegio y
una iglesia. Es decir, producto de la invasión se hizo un cambio estructural en
la aptitud y uso de estos algarrobales y ni siquiera la presencia de algunas
huacas Sicán hizo que los invasores respetaran los terrenos que, según ellos,
habían obtenido de manera legal. Y bueno, sin lugar a dudas, los que salieron
ganando en este caso (como siempre) fueron los traficantes de tierras que
obtienen títulos de propiedad de manera ilegal y los venden como títulos
legales a muy buen precio para luego lavarse las manos y seguir actuando de
manera impune por todo el país.
El plan de contingencia
Con el tumor maligno dentro del Santuario, en setiembre
de 2008 se inició la segunda fase del proyecto “Gestión participativa para la
conservación y desarrollo sostenible del Santuario Histórico Bosque de Pómac y
su Zona de Amortiguamiento (ZA)” con fondos del Acuerdo para la
Conservación de Bosques Tropicales (ACBT) y puesto en marcha por ProNaturaleza
– Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, institución que ya
venía trabajando en el Santuario desde el 2006. Como parte de la segunda fase del
mencionado proyecto se tenía contemplado publicar y difundir el primer Plan
Maestro del SHBP, fortalecer y capacitar a su Comité de Gestión (CG), así como
reforzar las acciones contra las invasiones y la tala ilegal. Además, se
pretendía promover iniciativas económicas sostenibles en las poblaciones
asentadas en la zona de amortiguamiento, elaborar el Plan de Uso Turístico, así
como planes de manejo de frutos (sapote y algarroba), entre otras acciones a
favor del uso y la conservación del SHBP.
En aquellos años, pocas instituciones
apostaban por el SHBP, debido a los riesgos y dificultades existentes. Ya en la
primera fase del proyecto (2006 – 2008) se logró adquirir equipos para la
Jefatura del Área y fortalecer la red de Guardaparques Voluntarios y de Guías
Turísticos. Asimismo, se inició el proceso de elaboración del Plan Maestro.
Todas estas acciones fueron decisivas para lograr el ansiado desalojo
final.
En el ínterin y como parte del proyecto,
ProNaturaleza destinó recursos económicos y profesionales para apoyar en todo
el proceso de desalojo. La principal dificultad que se tuvo que enfrentar fue
la rotunda negativa de los invasores a desalojar pacíficamente el área
invadida. Adicionalmente, se debió combatir las maniobras de desinformación que
permitieron la aparición de nuevos actores en el espacio público de este
proceso, como fueron los representantes de la Iglesia y de la Unidad de Gestión
Educativa (UGE) de Ferreñafe, los cuales salieron a la opinión pública a
defender a los invasores con argumentos poco sostenibles. De esta manera, estos
actores se inmiscuyeron en las diligencias policiales y judiciales en la zona
del conflicto alegando que el desalojo no era un tema prioritario.
Dicha situación obligó al CG a modificar
repetidas veces sus estrategias de acción, así como a ProNaturaleza a
reorientar recursos financieros del proyecto, a fin de cristalizar el desalojo
final de los invasores. Una de las medidas adoptadas fue la realización de una contundente
campaña de información en los medios de comunicación, con el fin de
proporcionar datos reales y concretos sobre el desalojo. Se convocó a diversos
eventos informativos en universidades y colegios, con el objetivo de explicar
la importancia de no alargar el proceso para que no se agrave el conflicto
socioambiental en la zona. Así también, se realizó una campaña informativa para
sensibilizar a la Policía Nacional del Perú y al Poder Judicial sobre la
necesidad imperiosa de cumplir lo más pronto posible con el desalojo.
Durante todo este proceso, ProNaturaleza y
otros actores locales apoyaron decididamente al CG y a la Jefatura del SHBP. De
esta manera, se logró acelerar la obtención de los requisitos legales para la
ejecución del desalojo, tales como la publicación de los edictos, el envío de las
notificaciones a todos los involucrados, el pago de peritos y de asesores
legales, entre otras medidas. Asimismo, se tuvo que contrarrestar las “acciones
organizadas” hechas por los invasores, tales como la realización de algunas
conferencias de prensa, entrevistas y otras actividades destinadas a captar la
atención y el respaldo de “actores locales”. Esto obligó al equipo técnico del
proyecto a utilizar los mismos medios para aclarar diversas distorsiones y
tergiversaciones sobre la presencia ilegal de invasores en parte del SHBP.
ProNaturaleza también colaboró en algunas
acciones disuasivas de la Policía Nacional del Perú. Así por ejemplo se
hicieron sobrevuelos en las zonas invadidas para dispersar desde el aire
volantes instando a los invasores a abandonar pacíficamente el Santuario.
Además, se contrató a un asesor legal para que apoye a la Jefatura del SHBP en
el seguimiento de los 31 casos de delitos ambientales y contra los recursos
naturales por los que fueron denunciados los invasores. Se hizo también el
seguimiento de la demanda de interdicto para recobrar la posesión de las casi 2000
hectáreas invadidas, del proceso constitucional de Habeas Corpus interpuesto por un grupo de traficante de tierras y
de los procesos penales por delitos de usurpación agravada en el sector Salinas
del SHBP.
Todo lo anterior fue preparando el terreno
para el desalojo final de los invasores en el Santuario. Sobre eso versará la
siguiente entrega, no sin antes mencionar que uno de los actores identificados
por las autoridades como opositores al cumplimiento de la ley fue la
Coordinadora de Rondas Campesinas. En el ínterin, esperemos que no haya alguna invasión
en el Santuario o en algún lugar del país.
Mayo 2015
Artículo aparecido en la versión online de la Revista Rumbos:
http://www.rumbosdelperu.com/peru-pais-de-invasiones-y-desalojos-i--V2654.html
2 Para los
interesados en este tema, les recomiendo revisar, bajo la etiqueta SHBP, lo
escrito al respecto en mi blog Mi Tambor de Hojalata http://mitambordehojalata.blogspot.com
3 Categoría dentro
del SINANPE que incluye también a los parques y santuarios nacionales. En ellas
no está permitido el uso directo de los recursos naturales es decir, debe
existir una intervención humana mínima, con el fin de garantizar que los
procesos evolutivos y biológicos se conserven en el tiempo.
