¿Quién no ha escuchado hablar de la lentitud del Poder Judicial en el país? Deben ser muy pocos los que creen que la justicia en el Perú es ágil, imparcial y eficiente, así como debe ser una minoría la que asumen que la corrupción y los intereses ocultos no campean por los pasillos del Palacio de Justicia. Esta pequeña radiografía de la justicia peruana es tomada de un caso realmente preocupante: la invasión de terrenos dentro del Santuario Histórico Bosque de Pómac (SHBP), en el distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe en Lambayeque, a solo 32 kilómetros de Chiclayo.Un terreno, declarado Santuario Histórico que es, por definición, intangible pues protege una importante diversidad biológica, una muestra representativa del bosque seco ecuatorial y de la Región de Endemismo Tumbesina y ofrece una posibilidad de desarrollo para el norte del país, se encuentra invadido por más de 200 personas que han arrasado con cerca de 2 mil hectáreas de bosques (el SHBP tiene una extensión de 5 887 has). Asimismo, pese a que en primera y en segunda instancia, el fallo ha sido favorable al santuario, los invasores han utilizado artimañas legales para retrasar la sentencia en su contra y han logrado que el juicio iniciado en Chiclayo, termine en las marismas de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República en Lima desde el 15 de agosto del 2006.
El expediente de desalojo fue declarado procedente el 23 de octubre del 2006 y hasta la fecha no se sabe nada. Es decir, los invasores han logrado evadir la justicia, burlándose de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, del Patrimonio Natural y Cultural de la Nación y de todos los peruanos. Estos señores vienen modificando el uso del bosque a través de la actividad agrícola y de la construcción de pozos tubulares, instalaciones con cemento y de algunas vías de acceso. Es decir, se “sientan” en la intangibilidad de esta área protegida que, según su categoría de uso indirecto, solo permite una intervención humana mínima, con el fin de garantizar que los procesos evolutivos y biológicos se conserven en el tiempo.
Imagínense
Esta situación sucede en un Área Natural Protegida (ANP) que puede ser catalogada como “urbana” pues es de fácil acceso y está cerca a Chiclayo y Ferreñafe. Además es un ANP pequeña comparada con las otras que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). Si en esta ANP que es, digámoslo manejable, imagínense qué podrá estar sucediendo en otras ANP más extensas, con un número limitado de guardaparques y alejadas de la “civilización”; en donde las dependencias del Poder Judicial, así como del Estado quedan a horas o días de distancia. Imagínense cómo será en el Parque Nacional Alto Purus, en Ucayali y Madre de Dios o en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria en Loreto con más de 2 millones de hectáreas protegidas. Ante invasiones ilegales, la cacería furtiva, depredación u otras actividades al margen de la ley que atentan contra la integridad de la zona protegida, contra la diversidad biológica y las grandes ventajas que ésta ofrece a los pobladores locales.
En el caso del SHBP, muchos pueden decir que los pobladores locales necesitan terrenos para su desarrollo. Sin embargo, los invasores son en su gran mayoría foráneos, pues provienen de las provincias cajamarquinas de Chota y Cutervo. Además, estos señores han aprovechado la debilidad del Estado, reflejada en las carencias económicas y en la falta de autoridad para hacer respetar la ley, para usurpar y depredar los terrenos que albergan el gran patrimonio del Señor de Sicán y reúne el complejo de pirámides más importante del país y el más numeroso de Sudamérica.
Las dos caras de la moneda
¿Quién está a cargo de la zona? El Inrena, que es criticado actualmente con justa razón. Sin embargo, coincidiendo con las reflexiones del Director de la Revista Viajeros, Guillermo Reaño, publicadas en Perú 21 y, por mi propia experiencia, doy fe de los innumerables esfuerzos de la gente del Inrena por defender nuestro patrimonio natural. Por otro lado, los malos manejos de sus funcionarios, como el del Jefe de Forestales en Tumbes (Editorial de El Comercio del 24 de mayo) que permite la depredación de los bosques secos, queda en evidencia las carencias de este organismo.
Es necesaria una reforma inmediata del Inrena y de la gestión ambiental en el país que apoye a los guardaparques y técnicos y que además se sancione severamente a las despiadadas rapiñas que desean lucrar con el patrimonio natural de todos los peruanos. Mientras tanto, la integridad del SHBP está esperando su desenlace en una fría sala de ¿justicia? limeña. Esperemos que aún quede algo del bosque de algarrobos para el próximo aniversario.
Artículo publicado el 1 de junio de 2007 en la versión online de la Revista Viajeros:
http://www.viajerosperu.com/articulo.asp?cod_cat=7&cod_art=588
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